Rasquera, un pueblo agrícola de Tarragona de apenas 900 habitantes, ha visto en el cultivo de cannabis una salida a la crisis. Los vecinos de esta población han acudido a las urnas para celebrar un referéndum vinculante en el que decidieron, con el 56% de los votos a favor y el 44% en contra, plantar cannabis en terrenos de la población. Los cuatro concejales de Esquerra votaron a favor de la plantación, y los tres de CiU, en contra. Según el recuento inicial, 308 personas votaron a favor de la iniciativa y 239 rechazaron el proyecto.
La iniciativa se enmarca en un plan anticrisis para sanear las cuentas del Ayuntamiento, uno de los más endeudados de Cataluña. El proyecto surgió hace siete meses de la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA), una entidad con fines lúdico-terapéuticos, con unos 5.000 socios, que pretende alquilar tierras en este pueblo agrícola y marcado por la crisis. Si el proyecto sigue adelante, podría ser la solución a la deuda de 1,3 millones de euros que sufre el ayuntamiento de la localidad. Además, se crearán casi 50 puestos de trabajo, directos e indirectos. Según el contrato, la ABCDA pagará 36.000 euros por la firma del convenio y se comprometerá a abonar 550.000 euros anuales a partir de julio, por la cesión de los terrenos y para sufragar todos los gastos legales, jurídicos y de seguridad que comportará el proyecto, ya que Rasquera no tiene policía local.
La jornada en Rasquera se desarrolló sin incidentes, dominada por una gran expectación mediática, con televisiones llegadas de Francia, Corea del Sur y el mundo árabe. Algunos habitantes temen que el pueblo se convierta en un lugar de tráfico de drogas.
En un bando, “He votado que no. Llegué de Colombia hace 10 años, viví de cerca el narcotráfico, allí hay droga y prostitución. Solo se enriquecen los terratenientes y los cuatro o cinco que la administran”, explicó una ciudadana.
En el otro bando, los partidarios de la marihuana se congratularon. El hermano del alcalde había planeado una fiesta en su local con los miembros de ABCDA (si la consulta triunfaba). “He votado sí, es un bien para el pueblo. No estoy de acuerdo con la droga, pero de lo contrario las plantaciones irán a otros pueblos, para eso, que se quede aquí”, afirmó.
Para los cultivos ya se ha reservado una finca de 7,5 hectáreas a cinco kilómetros de Rasquera. La justicia tiene los ojos puestos en la iniciativa. "La situación de crisis es dura, pero no tenemos que hacer medidas para resolver la crisis económica de las que nos podamos arrepentir cuando hayamos superado la crisis", ha advertido Ruiz-Gallardón.
“Tenemos que actuar con la cabeza fría, con responsabilidad”, ha añadido el alcalde. Pellisa sigue defendiendo la “legalidad” de cultivar cannabis a gran escala en Rasquera, y ha remarcado que nadie de la Generalitat se ha puesto en contacto con él para rebatir el informe jurídico, publicado hace un mes y medio. Según ha expresado, no teme que la justicia pueda paralizar la iniciativa. El fiscal jefe de Tarragona, Xavier Jou, ha afirmado en la Comisión de Justicia del Parlament que el consumo colectivo de cannabis no es delito mientras no haya riesgos para terceras personas. Ha advertido de que la legalidad depende de que el consumo sea para un grupo reducido, de que se realice en un lugar cerrado, de que se asegure que las sustancias no sean consumidas por personas adictas y de que el consumo sea inmediato.
“Todo el mundo nos mira con recelo, pero crearemos una empresa pública destinada a la investigación del cannabis, y después se determinará qué cantidad de marihuana será para los socios”, dice el alcalde. Asegura que se están llevando a cabo proyectos similares en otras partes de España, y que todos los estatutos están revisados por la fiscalía.
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